COPYMECON asegura que las instituciones públicas incumplen la ley

SANTO DOMINGO. La Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON), afirmó que más del 94% de los procesos de compras y contrataciones realizados por las instituciones del Estado presentan irregularidades.

En un comunicado de prensa la institución informó que estos datos fueron encontrados en su Cuarto Informe de Veeduría-COPYMECON el primero que presenta en este año 2016. El estudio, que fue presentado en la sede de la organización por su presidente, Eliseo Cristopher, concluye que hay un incumplimiento de las leyes 340-06 sobre compras y contrataciones y 488-08 sobre las Mipymes. De acuerdo con esta investigación, las instituciones no aplican las normas relativas al tema de la transparencia.

Entre los hallazgos de COPYMECON se destaca la no publicación de las adjudicaciones de los procesos realizados, y señala al Ministerio de Obras publicas y Comunicaciones, (MOPC), a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) como los que mayores niveles de inobservancia presentan en este indicador.

COPYMECON señaló que debido al alto nivel de incumplimiento en lo referido a la publicación del Programa Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de manera oportuna, se requiere que las instituciones que forman parte del Programa de Veeduría COPYMECON cumplan con el mandato legal de hacer de público conocimiento a principio del año fiscal, a través de sus portales y en el portal del Órgano Rector sus planes anuales de compras y contrataciones, ajustado al formato establecido, de tal forma que se puedan identificar procesos y que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan participar en las licitaciones y procesos de adquisiciones de dichas entidades.

La institución destacó que en el 2015, de 9,922 procesos lanzados, 6,229 fueron publicados bajo modalidades de contratación desconocida, es decir que el 63% de dichos procesos fue clasificado mediante el uso inadecuado e inconsistente de las nomenclaturas utilizadas para la publicación de las diferentes modalidades de compras y contrataciones. “Nunca se recibió una información del Órgano Rector que diera una explicación que identificara y justificara el uso de dichas nomenclaturas”, dice la nota.

De igual manera solicitan en este informe que PROMIPYME, desempeñe de manera eficaz sus funciones, establecidas en la Ley No. 488-08 del Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), con el objetivo de que sea el ente que canalice todas las oportunidades de negocios a la Pymes de manera oportuna con las instituciones del sector público.

Debido al alto nivel de incumplimiento del Decreto 543-12, por parte de las instituciones públicas, en lo relativo a que sean publicadas las adjudicaciones de los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios, se hace necesario que las instituciones cumplan de manera inmediata con la publicación de todas las adjudicaciones realizadas en el año 2015 y las que realicen a partir de entonces con sus respectivos beneficiarios, por lo cual resulta imperativo que el Órgano Rector garantice el cumplimiento de dicho mandato.

Manifestaron además, que es apremiante que todos los informes generados por las 24 Comisiones de Veedurías, nombradas por decretos desde 2014, compuestas en su mayoría por personalidades de alta solvencia moral y comprometidas con el desarrollo institucional, económico y social del país, se hagan de conocimiento público de manera integral, con el objetivo de que la sociedad pueda conocer las fortalezas y debilidades de los procesos de adquisiciones realizados por las instituciones del Estado, para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera transparente de acuerdo con los objetivos establecidos en la Ley.

También señalan que es urgente que el gobierno dominicano dentro de sus políticas de transparencia fortalezca la capacidad sancionatoria de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) para hacer cumplir sus resoluciones. En los casos de las instituciones que han estado incumpliendo con la Resolución 1/13 de Portales de Transparencia, procedan de inmediato a colocar todas las informaciones requeridas tales como los PACC, proyectos por ser ejecutados, ejecuciones presupuestarias, licitaciones, declaraciones juradas y otros, pues no hacerlo conlleva a una limitación al derecho de la justa participación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

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